Ágora Fiscal

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Omar Contreras Borbón

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Hacienda no puede congelar cuentas por lavado

10 Octubre 2017

Por: Omar Contreras Borbón 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado inconstitucional la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito respecto del bloqueo de cuentas. Con mayoría de cuatro votos y uno en contra, en sesión del 4 de octubre pasado, la Primera Sala de la SCJN resolvió el amparo en revisión 1214/2016, asignado a la ponencia del Señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, declarando inconstitucional dicho artículo.

El artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito permitía a la Secretaría de Hacienda establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos previstos en los artículos 139 ó 148 Bis del Código Penal Federal o que pudieran ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo Código, entre los que se encuentran el terrorismo y la utilización de recursos que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.

Las medidas de Hacienda incluye inmovilizar de forma inmediata las operaciones y servicios de personas físicas y morales que presumía estaban involucradas en terrorismo o lavado de dinero, a las que además incorporaba a la lista de personas bloqueadas.

La medida que de manera inconstitucional tomaba Hacienda es similar a las acciones que realiza la Oficina de Control y Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, quien ha ordenado el congelamiento de activos y empresas en esa nación y que recientemente incluyó en su lista a Rafa Márquez y Julión Álvarez.

Sus servicios y activos seguirán inmovilizados en Estados Unidos; pero en México, un Amparo que presenten sus abogados correrán la misma suerte que el recientemente resuelto por la Corte.

La resolución tuvo su origen en el acuerdo dictado por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP que incluyó a la empresa Soluciones Estratégicas Wirken en la lista de personas bloqueadas, lo que derivó en la solicitud a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para suspender de manera inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con la empresa o a través de ésta, imposibilitando la apertura de nuevas cuentas, la cancelación de las vigentes e impedir la disposición de los recursos de las cuentas bancarias. 

La empresa promovió juicio de amparo ante el Juez de Distrito quien determinó que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito no vulneraba la garantía de audiencia, ni privaba la presunción de inocencia. La empresa presentó recurso de revisión que fue resuelto por la Primera Sala de la Corte quien resolvió que contrario a lo señalado por la Juez.

Para el que suscribe, la resolución de la Suprema Corte es relevante por los siguientes aspectos:

1.            A partir de ahora, la Secretaría de Hacienda no puede investigar la comisión de delitos, al hacerlo invade las facultades del Ministerio Público y de las policías, antes de la inclusión en las listas de personas bloqueadas el Ministerio Público Federal deber primero investigar.

2.            En apego al artículo 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales deberá ser un juez quien dicte las providencias precautorias para inmovilizar cuentas bancarias, a solicitud del Ministerio Público.  

3.            No existe en la Ley Orgánica de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público facultades para investigar el terrorismo y el lavado de dinero.

4.            Al inmovilizar cuentas bancarias y operaciones presuntamente por lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, se violan los principios de presunción de inocencia y la garantía de audiencia.

No basta con ser penalista para atender este tipo de eventualidades de la autoridad, se requiere un experto en prevención de lavado de dinero.

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