María Elena Carrera

María Elena Carrera

Columnista

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La seguridad que necesitamos

11 Diciembre 2015

Por María Elena Carrera

Sentirse seguro es una necesidad básica de todo ser humano, y por supuesto un derecho que se consigna en nuestra Carta Magna; Artículo 21, párrafo noveno. Es el Estado quien tiene la responsabilidad de garantizar este derecho y es tan complejo el tema que, desde 2009, se tuvo que legislar para que existiera un apartado especial para ello: la Ley General del Sistema de Seguridad Pública, que comprende 12 Títulos y 152 artículos.

Pero vayamos a lo básico, al final lo que los y las ciudadanas queremos es vivir en paz, ¿en dónde?, pues en nuestra casa, colonia, ciudad, estado, país y por supuesto, en el mundo entero. Es decir, comprende una serie de seguridades individuales y colectivas que están entrelazadas unas con otras, y no puede una persona, por ejemplo, valorar si su país conserva la paz,  si en su espacio vital, la familia, hay violencia.

Como es en la casa es en el mundo, es el espacio donde laboramos y donde estamos por lo menos ocho horas diarias; y si allí mismo son pisoteados nuestros derechos, una persona tampoco puede experimentar la seguridad y la paz.Claramente no, por eso es que para lograr la seguridad que necesitamos, la propuesta más viable es el trabajo en dos vertientes: prevención y contención de los delitos.

Sin embargo el recurso sigue estando en la contención, cada año México gasta cantidades exorbitantes en patrullas, chalecos antibalas, cascos, helicópteros, equipos de comunicación sofisticados y capacitación a policías en tácticas de ataque para lo que contrata empresas extranjeras; una inversión de aproximadamente 2 mil millones de millones de pesos. Y para la prevención, el presupuesto de los últimos tres años, a través del Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), ha sido sólo 2 mil quinientos millones de pesos por año.

¿Le parece a usted suficiente ese recurso para prevenir los delitos? Veamos, según Animal Político, en una nota publicada el 26 de febrero de 2015, subraya que el gasto en seguridad de 2001 a 2013 aumentó en un 200% en México. Un  gasto estimado en  2 billones de pesos. Y ejemplifica: sólo para 2013 se gastaron 219 mil 930 millones de pesos que representó el 7.7% del Producto Interno Bruto (PIB).

¿Se justifica este gasto cuando el 93% de los delitos que se cometen en nuestro país son del fuero común?: robos, violaciones, extorsiones, riñas callejeras, consumo de drogas ilegales, violencia intrafamiliar y sólo el 7% son delitos del fuero federal.

¿En qué se han gastado los 2 billones? 17.5% en operativos, 13.3% Defensa Nacional, 11.2% Administración de cárceles, 5.7% marina, 4.6% gastos administrativos, 3.8% investigación de los delitos. Casi el 60% del total del presupuesto para delitos del fuero federal. Mientras que más del  60% de llamadas al 066 son alertas de violencia en el hogar.

Una realidad lastimosa es que a pesar de toda esa inversión, las bandas del crimen organizado han demostrado que tienen una gran capacidad de reestructurarse y, si bien es cierto, se han detenido a importantes capos, las células de estas organizaciones siguen operando y más aún, han diversificado sus actividades: trata de personas, pornografía, prostitución infantil y venta de órganos.

Si todo ese recurso se invirtiera en escuelas, centros deportivos de primer mundo, comedores para niñas y niños vulnerables, amplias bibliotecas, centros integrales de justicia para mujeres y niños maltratados, es decir, en vez de invertir en “fierros”, los recursos estuvieran asignados a trabajar directamente con las personas a través de programas, proyectos y acciones para que las familias y las escuelas pudieran ser las instituciones que sirvieran para contener a la violencia y la delincuencia, definitivamente estaríamos hablando de una sociedad empoderada para disminuir de raíz las conductas delictivas.

Dice Saramago que “la guerra es un negocio de primer orden, tal vez sea incluso el mejor de todos”. Es urgente poner el recurso a favor de todo aquello que abone a las familias: trabajo bien remunerado, escuelas abiertas todo el día, maestros y padres conscientes de su misión.

Se requiere cambiar de paradigmas de la seguridad pública a la seguridad ciudadana.

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